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Yo no defiendo a Garzón

16 abril 2010

A aquellos que todo lo reducen a su interés y conveniencia les diré que cuesta trabajo controlar la indignación que produce tanta sentencia interesada. Si no fuera porque tengo la impresión de que se dictan resoluciones que, no pudiendo discutir jurídicamente, se me ofrecen como arbitrarias y más ideológicas que justas; si no observara que cuanto está sucediendo en referencia al  juez Garzón es como un pim pam pum burdo en el que los de siempre no escatiman esfuerzo para  concitar las adhesiones y repulsas más viscerales. Si no fuera porque estoy hasta las narices de los vencedores y sus herederos, entonces, estaría tranquilo como ciudadano y sabría que al final se impondría la cordura y la ley y no tendría que salir en apoyo, aunque sea humilde y simbólico, del  juez Garzón para que sea tratado como un juez más.

Ocurre sin embargo, que los representantes de la justicia y los miembros de sus órganos más relevantes,  me hacen dudar y sospecha con sus actuaciones. Son demasiadas las ocasiones en las que parecen actuar más como representantes políticos que como administradores o valedores del buen funcionamiento y aplicación de la ley. Si no fuera cierto que la Justicia del Embudo es un modelo genuinamente español, yo no tendría que salir en defensa de este magistrado.

Yo no defiendo a Garzón, pero no entiendo que desde el Consejo General del Poder Judicial se considere que no es tolerable la crítica al Tribunal Supremo. Suponía que en una democracia todo es cuestionable y que no existen castas ni profesiones privilegiadas, salvo aquella explícitamente impuesta y recogida en la Carta Magna. El CGPJ, como todos los órganos de la judicatura, merecerán el respeto o la repulsa y en todo caso  la crítica favorable o contraria  en función de sus actuaciones, acuerdos y decisiones. Los integrantes de los órganos judiciales merecerán el respeto y la crítica que cada uno se merezca. La Justicia no existe; existen los jueces, los fiscales, los abogados, los autos, las condenas, las sentencias. Los miembros de la justicia son personas que aciertan y se equivocan, y acaso ¿no podemos manifestar nuestra opinión al respecto? Ante sus documentos y sentencias, además de ser asumidas por narices, ¿debemos callar como si no nos afectasen?

La Audiencia Nacional, siete años después, absuelve a los cinco directivos de Egunkaria. ¿Cómo se repara la falta  de libertad de estos cinco señores?, ¿cómo se restituye la voz silenciada de manera injusta?, ¿cómo se compensa la pérdida de puestos de trabajos? ¿Cómo se recompensa a sus trabajadores? ¿Qué consecuencias legales o administrativas se tomarán para quien tomó la decisión? Con actuaciones como ésta por parte de la Justicia, o de la Injusticia, ¿pretende la señora Bravo, portavoz del CGPJ, que permanezcamos callados como reos sumisos de sus errores? ¿Tampoco podemos ejercer la crítica sobre un Tribunal Constitucional que, después de tres años largos de estrategias y equilibrios bochornosos, aún no ha tenido tiempo para decidir sobre el Estatut de Catalunya? Los ejemplos de mala praxis son tantos que esta bitácora no tendría capacidad suficiente para recogerlos.

No me gustan los héroes, hace tiempo que descolgué todos los posters y no pienso recuperar la adolescencia por la  defensa de un juez. Yo no defiendo a Garzón, pero cuando todo un demócrata como el sr. Rajoy califica de acto «claramente antidemocrático» el homenaje, no tengo otra opción que reivindicar los derechos de reunión y de libertad de expresión. Claro que, en la concepción de este demócrata ejemplar, lo democrático es criticar y tergiversar las actuaciones de este juez, mientras que mostrarle apoyo por intentar investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista lo considera como algo claramente antidemocrático. Rajoy «el contundente», para con los contrarios, exigió la dimisión inmediata de Gaspar Zarrías por asistir al acto de homenaje. Pudiera ser que Rajoy, «el parsimonioso» para con los suyos —Bárcenas por ejemplo—, desconociera que Zarrías asistió al acto como familiar directo de víctimas de la opresión franquista (un abuelo fusilado y su padre y su otro abuelo encarcelados durante más de diez años). En este caso, ¿habrá reconocido el error y pedido excusas por tan miserable exigencia?

Yo no defiendo al juez Garzón. Como el desconocimiento no se oculta con bravuconería ni adhesiones inquebrantables, me resisto a entrar en el debate jurídico y, por otro lado,  acepto como algo normal en democracia, el derecho de los querellantes por muy repugnantes y antidemócratas que me parezcan y sean.

Yo no defiendo al juez Garzón. Tenía entendido que la prevaricación consistía en dictar, a sabiendas, una resolución injusta. Entonces, ¿dónde está esa injusta resolución? Los expertos discuten la “competencia” de Garzón en la investigación en virtud de una ley de aquí o una internacional; los expertos no se ponen de acuerdo. ¿Dónde está la resolución dictada por Garzón? Resulta que no existe y que sólo se limitó a una investigación que el juez dejó aparcada a requerimiento de instancias superiores, ¿dónde está la prevaricación entonces?

Yo no defiendo al juez Garzón, pero defiendo a todos los que quieren conocer la verdad, defiendo a todos los que perdiendo una vez se resisten a seguir siendo perdedores toda la vida, defiendo el derecho a no callar por más tiempo los crímenes cometidos. Yo no defiendo a Garzón pero dejo constancia de mi perplejidad porque en este país el único que esté siendo sometido al control de la Justicia, por los crímenes del franquismo,  sea un  juez que le dio por perseguir delitos aún no prescritos.

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8 comentarios leave one →
  1. 16 abril 2010 11:20 am

    Hay algo Don Júcaro, con lo que no puedo estar de acuerdo, porque no es cierto. Dice usted que La Justicia no existe; existen los jueces, los fiscales, los abogados, los autos, las condenas, las sentencias, y es cierto que la justicia no existe, ni debe existir desde el punto de vista legal – mezclar el concepto de lo que es justo, o no, que es a todas luces subjetivo, con la ley, tiene más peligros que ventajas-, pero hierra al decir que lo que existe son jueces, fiscales, abogados, autos y sentencias, porque estos no dejan de ser aditamentos necesarios en el sistema judicial.

    Lo que existe es la ley.

    Esta no entiende de justicia, no entiende de autos, no entiende de sentencias, porque es y existe por si misma. Es más, habla usted de Egunkaria, y Egunkaria ha sido exonerada porque eso es lo que dicta la ley, no porque un juez lo decida, es más, aunque un juez decidiera en la dirección contraria, esos directivos podrían apelar a instancias judiciales más altas porque ese juez estaría vulnerando la ley con dicha sentencia, es decir, la sentencia no se ajustaría a derecho – es lo que pasó con Egin-. La mala praxis por parte de los jueces es mucha, por supuesto, un juez no es infalible, por mucho que la señora Bravo pretenda que la palabra dada por un juez tiene más valor que la del Tato, porque no la tiene, de ahí que existan los mecanismos de control judicial que existen: juzgados ordinarios, audiencias provinciales, audiencia nacional, tribunal supremo, tribunal constitucional y tribunal de la Haya; porque los jueces no son infalibles, es más, es que son más falibles que el resto de los seres humanos, porque basan sus decisiones en la interpretación de la ley, y, por descontado, máxime cuando son un poder del Estado, están sujetos a la crítica, vilipendio, risión, mofa, escarnio y demás que aquellos que pagamos sus sueldos deseemos hacer – y si no les gusta que se dediquen a otra cosa-.

    Ôo-~

  2. 16 abril 2010 3:10 pm

    Santí, quizá la discrepancia no sea tanta. Entiendo que existe la Ley y que los encargados de interpretarla son los jueces y que éstos en función de sus criterios puede hacer una lectura u otra. Dos jueces, ante una misma cuestión jurídica pueden tener diferentes percepciones. Cuando afirmo que no hay Justicia, no quiero decir que no se aplique la ley sino que los encargados de hacerlo hacen su interpretación mediante sentencias. La Justicia, en este sentido no existe, lo que existe es un juez que plasma en un documento su interpretación de unos hechos con forme a su interpretación de la legalidad vigente.

    Egunkaria. Teniendo razón en lo que comentas, siete años después no se puede hablar de Justicia. Y, en todo caso, ¿no podemos expresar nuestro criterio ciudadano con respecto a una decisión y a la demora de siete años en hacer justicia?

  3. 16 abril 2010 8:11 pm

    Aquí se debe criticar a todo ‘quisqui’ sea quien sea ya que lo más sagrado que podemos defender es la libertad de expresión,siempre en contrapeso con el derecho al honor.Criticar y no estar de acuerdo con las resoluciones judiciales es sanísimo.

    Por desgracia, este país está sufriendo los lodos democráticos de los polvos de una Transición en la que los vencedores se fueron de rositas.Así nos luce el pelo:democracia vigilada

  4. 16 abril 2010 9:28 pm

    ¿Quién nos va a impedir criticar las resoluciones judiciales que nos parecen injustas? ¿Cuántas resoluciones judiciales nos han escandalizado por injustas o estúpidas? ¿Vamos a callar ahora si no nos parece acertada sea la que sea? No hay que olvidar que en la aplicación de la ley hay una parte importante de interpretación y esa misma interpretación es la que la convierte en subjetiva. Por ese mismo motivo tenemos el derecho y hasta la obligación democrática de utilizar la crítica. Crítica que no es imcompatible con el hecho de acatar las resoluciones y recurrirlas como sea apropiado en derecho.

  5. 17 abril 2010 1:21 am

    Don Júcaro, me ha gustado mucho su entrada. Creo que como dijo el francés, la definición de dictadura consiste en anteponer la justicia a la ley. La ley va a la zaga, y es un problema estrictamente político que la ley sea enmendada. Creo sinceramente que lo de Garzón no es un problema legal, es un problema político que no está resuelto. Cuando se dijo que la ley de memoria histórica no puede depender de la libre iniciativa de los afectados, se quería decir que no bastaba con la interpretación de un juez a la hora de resolver los conflictos. Es el Estado el responsable de legislar inequívocamente en favor de las victimas. No estamos hablando de una tangana después de un Madrid-Barça. Estamos hablando de la única manifestación de carácter claramente genocida del fascismo europeo del pasado siglo que queda por resolver, y que duro 40 larguísimos años. Yo apoyo sin ningún género de dudas al señor Garzón, pero desde la política, y lo del otro día fue un acto puramente político pero con un punto de mira muy mal encaminado, en cuanto que tenía que reclamar sus peticiones al parlamento. El señor Leguina reparte un panfletillo explicando los logros de la transición en torno a este asunto, de la que sin duda está muy orgulloso. En lo que no cae el susodicho es en que, como digo, lo que ha pasado no es una trifulca tras la que se pueda decir venga, unas copas y asunto zanjado. Si no se condena y reprime al fascismo por todos los medios, vuelve con más fuerza. Y cuando vuelva, a ver quién es el Leguina de turno que explica que esto se arregla con la paciencia que supone esperar a que se muera el dictador, descontando, desde luego, que tu muerte por la democracia vale la decisión subjetiva del juez turno que te toque 70 años después. ¿Mandaríamos a nuestro hijos a la guerra conociendo este dato? Es el fascismo, que se impone como acusación particular, que no tiene ninguna duda a la hora de defender a sus muertos y salvaguardar a los verdugos. Y no tienen las armas. Pero sólo hasta que se hagan con el poder que legitima, el del legislativo que nos representa.

  6. 17 abril 2010 11:27 am

    Yo tampoco defiendo a Garzón. Me limito a estar de acuerdo con Júcaro.

  7. 17 abril 2010 12:24 pm

    Por fin un poco de sensatez en este asunto. Gracias Júcaro.

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