Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Inernet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Se han sumado a este manifiesto: Albero Ríos Mosteiro, Ciberprensa, Enrique Meneses, Javier Casal, Josá Daze, Marc Vidal, Maripuchi, Mercè Perelló, Nicolás, Pablo Across, RGAlmazán, Reyes Montiel, Rosa María Artal, Santi Benítez, Santiago, Tania Sánchez. También lo han hecho otros muchos, si tienes un blog puedes ser el siguiente.
Todos conocemos la cara de Diego,« la mirada asesina» de un inocente, pero ¿cuántos conocemos los rostros de los periodistas que le han llamado asesino? ABC llevó a primera página la imagen de este hombre con un titular que no dejaba lugar a la duda ni a la presunción de inocencia: «La mirada del asesino de una niña de tres años». En la edición digital del mismo medios, y en crónica firmada por Moy Álvares se titula: Novio, canguro y asesino. Eso sí, en el cuerpo de la información se utiliza el término «presuntamente» y «presunto» para cubrirse las espaldas. Ya podrían los responsables de la publicación utilizar esa Constitución que tanto dicen defender, para cumplir el precepto constitucional de la presunción de inocencia en vez erigirse un día sí y otro también en una especie de salvadores de las esencias constitucionalistas.
Uno de sus columnistas más rimbombantes aprovecha la ocasión para culpar a la «propaganda oficial». Hasta en cinco ocasiones -cada cual lleva sus fobias como buenamente puede- Juan Manuel de Prada repite, en La muerte de Aitana, que el cúmulo de errores es producto de la «propaganda oficial». También hace referencia a la «histeria mediática», así, generalizando que en la generalización se diluyen las responsabilidades, porque culpando a todos no se señala a nadie.
Hace poco, cuando los presuntos eran del PP, este medio y otros de la derecha jalearon eso que llamaron «pena del telediario» para distraer la atención y proteger a unos acusados con mucho poder y medios para sus defensas. Sin embargo, ahora se muestran implacables y le aplican la «pena del ABC» llevándolo a portada y llamándole asesino.
Las fotos son tomas del blog de Jéssica Fillol.
Todo depende del uso que se le dé a las cosas. Un trago de buen vino puede tener algún valor terapéutico pero de su ingesta excesiva es fácil todos conocemos las consecuencias. Algo así deben pensar en el PP en referencia al uso del sistema SITEL. Definitivamente, algunos de nuestros políticos no parecen sobrios cuando dicen las cosas que dicen.
Si la policía y la justicia disponen de sistemas sofisticados para detener a etarras y otros delincuentes nadie, salvo sus defensores, pone en duda esos mecanismos. Pero si se usan para desmontar esa áurea de incorruptibilidad de ciertos personajes de la derecha, entonces la cosa es distinta. Ya se sabe que los presuntos delincuentes del PP son inocentes por cuna y filiación, y que la justicia se transforma en inquisitiva cuando le da por perseguir a sus presuntos chorizos.
En estos días, por el Alakrana, sabemos cómo gestiona Rajoy los secuestros y, por intentar convertir el «caso Gürtel» en otro «caso Naseiro», conocemos ahora la irresponsabilidad y el derroche que hacían los populares con los dineros públicos. Si fuera verdad lo que ahora defienden desde el Partido Popular, tanto Rajoy como Cospedal tendrían que dar explicaciones. en las tribunas y tribunales del mal uso de 13 millones de euros que estos ordenaron pagar a Ericsson por el SITEL. Si el PP tuviera más razón que el Tribunal Supremo, entonces Cospedal y Rajoy además de ser considerados como unos auténticos irresponsables tendrían que ser juzgado por malversación de fondos públicos.
